Esta investigación desarrolla una comparativa de normativas regionales de Europa y América Latina; así como nacionales entre España y Costa Rica, sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, conocidos también como derechos de acceso. Se le brindará énfasis a la participación pública sobre los otros dos derechos de la triada. Se evidencia en el desarrollo del trabajo que Europa tuvo un desarrollo primigenio en los derechos de acceso, y que el Convenio de Aarhus continua vigente y pendiente de su efectivo cumplimiento. En el caso de América Latina, es apenas en el 2018 que entra en vigor el Acuerdo de Escazú, la primera normativa regional que regula estos derechos. De manera análoga, el ordenamiento jurídico español presenta mayor avance progresivo en brindar garantía a la triada de los derechos de acceso, mientras Costa Rica, a pesar a un robusto sistema jurídico y social de protección del medio ambiente, ha fallado en la última década en estar a la vanguardia a nivel regional, derivado de factores políticos y de la perspectiva de desarrollo económico. Finalmente, la vigencia de la democracia ambiental es palpable al analizarse las acciones judiciales analizadas en la investigación, lo que evidencia que todavía es un ámbito jurídico con relativamente pocos antecedentes y que tenderá a aumentar la judicialidad de los derechos de acceso.
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