El dragado y la disposición final de los sedimentos en el Golfo de Guayaquil son actividades indispensables para el mantenimiento de las actividades portuarias y la navegabilidad en la región marítima más importante de Ecuador. Sin embargo, estas operaciones representan desafíos ambientales considerables principalmente en lo que respecta al manejo y disposición final de los sedimentos dragados que pueden tener altas concentraciones de contaminantes. Esta investigación analiza la intersección entre las normativas internacionales y nacionales relativas al dragado con un enfoque en las implicaciones ambientales y legales de la gestión de sedimentos en Ecuador. Marcos internacionales como el Convenio de Londres y su Protocolo desempeñan un papel importante en la regulación del vertido de desechos al mar, incluyendo los sedimentos producto del dragado. Estos acuerdos son promovidos por la Organización Marítima Internacional (OMI), destaca el principio de precaución que exige evaluaciones ambientales previo a las operaciones de dragado y vertido al mar. En la Unión Europea no existe una regulación específica sobre el dragado pero directivas como la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) influyen en la gestión de los sedimentos y prácticas sostenibles. España destaca por su avanzado marco regulatorio que contiene directrices explícitas para la caracterización y disposición de sedimentos priorizando la reutilización y sostenibilidad ambiental. Las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre aseguran que los sedimentos sean clasificados por su nivel de contaminación y que se gestionan en base a su categoría, este tratamiento puede ir desde su confinamiento hasta su libre autorización para verter en el mar. En contraste Ecuador ha mostrado avances significativos por medio del Código Orgánico del Ambiente (COA) en 2017 y su reglamento en 2019, sin embargo, presenta desafíos en la clasificación y tratamiento de sedimentos contaminados. A diferencia de España, Ecuador no tiene un sistema de clasificación de sedimentos, lo que genera incertidumbre en la gestión de los sedimentos contaminados. Este estudio identifica las brechas que existen entre la normativa internacional y las normativas ecuatorianas, resaltando la necesidad de una mejor alineación con prácticas internacionales. Al adoptar regulaciones más exigentes y mejorar la estrategia de la gestión de los sedimentos, Ecuador puede mitigar o prevenir riesgos ambientales asociados al dragado y mejorar la eficiencia operativa de los puertos. El análisis concluye con recomendaciones para fortalecer el marco normativo regulatorio ecuatoriano incluyendo el desarrollo de una legislación enfocada en la gestión del dragado y los sedimentos, implementación de un sistema de clasificación de sedimentos contaminados, fomento de la reutilización de sedimentos y vigilancia ambiental permanente previo, durante y posterior a las actividades de dragado.
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