El Régimen de Excepción en El Salvador desde una perspectiva de Derechos Humanos

Abstract

El Salvador ha sido observado a nivel internacional desde la instauración del régimen de excepción como método para combatir la elevada criminalidad del país. Este régimen, que fue prorrogado por trigésima primera vez el pasado 4 de octubre, mantiene suspendidos derechos fundamentales de la población como el de ser asistido por un abogado en caso de detención, el de ser informado de los motivos de la detención y la inviolabilidad de las comunicaciones o asociación, entre otros. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado casos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias. Para el 29 de agosto de 2024, se habían detenido a 81.420 personas, de las cuales más del 90% están en prisión sin sentencia en su contra y al menos 7.000 han sido liberadas por falta de pruebas (Associated Press, 2024). En el mes de julio del año 2023, se llevaron a cabo reformas en la Ley Contra el Crimen Organizado con el fin de incrementar las penas de los cabecillas pandilleros y la ejecución de los procesos penales por estructura delictiva, eliminando los procesos individuales para los detenidos en el contexto del régimen de excepción (elDiario.es, 2023). Las detenciones realizadas durante el régimen de excepción en El Salvador han facilitado la instauración de la prisionización en los detenidos, quienes al ser liberados por falta de pruebas deben enfrentarse a sus efectos. La prisionización se refiere a la asimilación, por parte de los internos, de los hábitos y cultura de la prisión y a la disminución en su repertorio conductual derivado de su prolongado encarcelamiento (Alfageme Redondo et al., 2018). En los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, cuyas detenciones tienen duraciones que van de los días a años detenidos, este fenómeno se ve exacerbado por los tratos degradantes y las condiciones inhumanas que enfrentan en prisiones como Mariona, Izalco y Quezaltepeque (Ibáñez, 2023).